Del 17 al 23 de febrero se celebra la Semana Europea contra la Pobreza Energética, una conmemoración que busca poner sobre la mesa la problemática de la pobreza energética en Europa.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2024, publicada el pasado 13 de febrero, el 17,6% de la población en España no pudo permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el año 2024, dato que refleja que, en nuestro país, la pobreza energética continúa siendo un desafío fundamental. Desafío que franquea múltiples dimensiones: la vivienda, el acceso a la energía, la vulnerabilidad socioeconómica y la planificación urbana.
Esta realidad estuvo en el centro del debate de la Sesión Técnica 15 “Una rehabilitación de edificios ambiciosa climáticamente” del CONAMA 2024, donde expertos de distintos ámbitos analizaron los retos y soluciones para dar respuesta a la pobreza energética. El debate puso en relieve la necesidad de un enfoque integral que supere las ayudas directas y se enfoque en la rehabilitación, la regulación del mercado de alquiler y el diseño de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna y eficiente.
Esta problemática pone de manifiesto la necesidad de intervenir en el parque edificatorio existente, donde se concentra gran parte de la ineficiencia energética. La rehabilitación de viviendas emerge como una estrategia clave no solo para mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir la pobreza energética, sino también para avanzar en los objetivos de descarbonización y eficiencia energética.
El reto de la rehabilitación energética y la identificación de viviendas ineficientes
La Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios establece que los edificios menos eficientes deben ser rehabilitados con carácter prioritario. Sin embargo, en el contexto español, aún no se ha definido de manera clara y operativa qué se considera un edificio de “peor rendimiento energético”, lo que dificulta la planificación y priorización de intervenciones.
Fernando Martín Consuegra, doctor en Arquitectura e investigador del CSIC, señaló que los edificios construidos entre los años 40 y 80 son los que presentan mayores deficiencias en términos de eficiencia energética. No obstante, advirtió que la problemática no se reduce solo a la antigüedad del inmueble, “También afecta el urbanismo y la arquitectura: no es lo mismo que un edificio tenga asoleamiento o que no lo tenga” ejemplificó, haciendo hincapié en factores como la orientación, y la calidad de los materiales de construcción.
Garantizar el acceso a las ayudas: el papel clave de las administraciones públicas
Un aspecto central del debate fue cómo garantizar que las ayudas para la rehabilitación lleguen efectivamente a quienes más las necesitan. Mario Manjón, del área de comunicación e incidencia de Provivienda, subrayó que muchas de las subvenciones no están alcanzando a la población en situación de pobreza energética, ya sea por falta de información, barreras administrativas o desconfianza en las instituciones.
Además, hizo hincapié en el riesgo de que las ayudas públicas a la rehabilitación terminen beneficiando a los propietarios y contribuyan a aumentar los precios del alquiler, expulsando a los inquilinos más vulnerables. «Si no centramos las políticas en la población vulnerable, corremos el riesgo de generar una nueva ola de exclusión residencial», advirtió Manjón.
Para evitar este efecto, en la sesión se propuso la creación de normativas que limiten el alquiler de viviendas que no cumplan con estándares mínimos de eficiencia energética, tal como ya ocurre en países como Francia. También se mencionó la necesidad de que las ayudas a la rehabilitación incluyan mecanismos de control que impidan que los costes de mejora sean trasladados automáticamente a los inquilinos.
Para que las ayudas lleguen realmente a quienes más lo necesitan, no basta con diseñar mecanismos de financiación. Es fundamental que las administraciones asuman un rol activo en su gestión y difusión, garantizando que la población en situación de vulnerabilidad pueda acceder a ellas.
En este sentido, Javier Tobías, de Ecodes, que moderó la sesión, destacó la importancia de la iniciativa de los operadores en la implementación de estas ayudas: «No es una cuestión de que haya respaldo normativo o que haya respaldo del fondo CAES en el sentido de que hay una liquidez ahora mismo importante, pero es clave esa articulación desde la iniciativa de los operadores». Es decir, aunque existan recursos financieros y un marco regulador favorable, la clave del éxito radica en la capacidad de los actores implicados para coordinarse y ejecutar las medidas de manera efectiva.
Un ejemplo de esta articulación se vio en Getafe, donde la administración ha apostado por un modelo de proximidad. Alejandro López Parejo, Coordinador General de Hogares Saludables y Estrategias de Regeneración en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, explicó que su estrategia se basa en la generación de confianza con la ciudadanía mediante una oficina integral de atención.
«Se tarda mucho en construir confianza y se destruye en un día», señaló, destacando la importancia de contar con equipos técnicos estables y cercanos a la población, capaces de acompañar a vecinos y vecinas en los procesos de rehabilitación energética y asesoramiento sobre suministros.
La territorialización de estos servicios municipales ha sido clave en ciudades intermedias como Getafe, donde se han establecido puntos de atención en centros cívicos, facilitando un contacto más directo y accesible con la administración.
La importancia de medir el impacto y orientar las políticas de rehabilitación
Otro de los grandes desafíos mencionados fue la falta de una evaluación rigurosa sobre el impacto de las políticas de rehabilitación y las ayudas a la eficiencia energética. Si bien existen múltiples fuentes de financiación, como los fondos Next Generation, aún no se han desarrollado mecanismos efectivos para medir su efectividad.
En este punto, Martín Consuegra subrayó la importancia de cruzar datos catastrales con información socioeconómica para detectar con mayor precisión los hogares en situación de pobreza energética. “Tenemos un catastro con una información muy precisa de la edificación (…). Lo que proponíamos en el proyecto Habitar_es era que estos datos de la edificación había que cruzarlos con datos socioeconómicos”, señaló. Además, insistió en la necesidad de implementar sistemas de monitorización que permitan medir no solo el ahorro energético, sino también el impacto en el confort y la calidad de vida de las personas.
La pobreza energética como principal prioridad en la transición ecológica
La sesión dejó claro que la pobreza energética no es solo un problema de acceso a la energía, sino una cuestión estructural vinculada con la vivienda, la regulación del alquiler y la equidad social. Para abordar este reto, es fundamental que las administraciones locales cuenten con recursos suficientes, que se priorice la rehabilitación de los edificios más ineficientes y que se garantice que las ayudas lleguen realmente a quienes más las necesitan. En palabras de López Parejo “O ponemos la pobreza energética en el centro, o la transición energética no será”.
En ese sentido, poniendo en foco la equidad energética, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realiza una consulta pública sobre la elaboración de la nueva Estrategia contra la Pobreza Energética (ENPE) para el periodo 2025 – 2030, con el objetivo de conocer la opinión de los potenciales destinatarios de la Estrategia y otros agentes interesados, el plazo para participar en la misma es del 24 de enero al 28 de febrero de 2025.
Para profundizar sobre la temática y las reflexiones de la sesión técnica Una rehabilitación de edificios ambiciosa climáticamente, dejamos a disposición este documento de resumen.
