Gonzalo Delacámara, coordinador del Departamento de Economía del Agua, Instituto IMDEA Agua, y asesor en política de agua de la Comisión Europea, Naciones Unidas, OCDE y Banco Mundial
La necesidad de drama (NFD, Need for Drama) se describe en psicología como un rasgo complejo de personalidades poco adaptativas que tienden a manipular a otros desde una posición de victimismo. En términos sociales, se interpreta como la tendencia a proponer catástrofes y pensamientos apocalípticos para reclamar auxilio y alentar la movilización de los ciudadanos.
Sorprende, sin embargo, nuestra reacción selectiva ante diferentes dramas. La expansión del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que padecemos a nivel mundial, ilustra uno de los dramas contemporáneos sobre los que, a mi juicio, merece la pena reflexionar: la pérdida relativa de libertad en nombre de respuestas cada vez más exigentes para preservar la seguridad.
Libertad y seguridad son dos elementos esenciales de cualquier sociedad democrática. Los ciudadanos, así, nos debatimos permanentemente, muchas veces sin ser demasiado conscientes de ello, entre la defensa de nuestro derecho a decidir individualmente y la complejidad de los conflictos sociales en los que, en muchas ocasiones, decisiones individuales racionales conducen a resultados colectivos insostenibles. La necesidad de adaptación al cambio climático y de garantizar la seguridad hídrica a largo plazo es un buen ejemplo de ello. A fin de cuentas, los conflictos ambientales no son más que un caso particular de esos conflictos sociales.
En agosto de 2019, hace ya una eternidad, el World Resources Institute (WRI), un think tank basado en Washington D.C., actualizaba los resultados de su proyecto Aqueduct. Mostraba entonces cómo 17 países en el mundo (12 de ellos en Oriente Medio, no cualquier lugar en términos de geopolítica), donde habita ya una cuarta parte de la población mundial, padecen estrés hídrico extremo. España se encuentra en el puesto 28 de esa clasificación: dos terceras partes de su territorio están en riesgo de desertificación, al ser zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas y estar sometidas a fuertes presiones en términos de consumo de agua y de emisiones de efluentes contaminantes.
En la presentación de ese informe, Andrew Steer, Presidente Ejecutivo del WRI decía: “el estrés hídrico es la mayor crisis de la que nadie habla. Sus consecuencias están a la vista en forma de inseguridad alimentaria, conflictos y migraciones e inestabilidad financiera”. Nadie podrá decirle al Dr. Steer que no avisó. (En septiembre de 2019, el informe del Global Preparedness Monitoring Board, GPMB, convocado conjuntamente por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, publicó su informe anual, A World at Risk, en el que advirtió de un riesgo cada vez más grave de epidemias generalizadas y mostró que el mundo seguía sin estar preparado. Cuánto miedo medieval y cuánto confinamiento nos habríamos ahorrado prestando atención a esos expertos).
Los ciudadanos no demandan agua en sí. No es un fin en sí mismo. Lo que realmente necesitan es seguridad: tener la garantía que de que su bienestar no se verá amenazado por nada (la falta de renta, cualquier manifestación de violencia, una amenaza grave a la salud pública, fenómenos extremos con potencial destructivo…). En este contexto, el ciudadano quiere garantía de que el agua no será escasa respecto a sus necesidades, ni demasiado abundante respecto a su capacidad para gestionar una crecida, ni contaminada por agentes nocivos para la salud… La seguridad hídrica o la capacidad de adaptación al cambio climático son bienes públicos. Sin embargo, como sociedad minimizamos su importancia, nos obcecamos en cuestiones instrumentales del mismo modo que hicimos con la solidez de nuestro sistema sanitario en general, o con los servicios de epidemiología en particular.
Como en el caso de la COVID-19, en la gestión del agua y de los impactos asociados al cambio climático, nos veremos abocados a la gestión de crisis (sequías e inundaciones cada vez más intensas y frecuentes), si no somos capaces de avanzar hacia la gestión de riesgos y oportunidades. Es decir, se hace imprescindible progresar desde enfoques de gestión ad hoc, reactivos, sesgados hacia la remediación de impactos, a veces sin planificar, hacia enfoques proactivos, preventivos y planificados. Como bien sabe quién se siente insegura por cualquier motivo, no hay mayor pérdida de libertad que la inseguridad generalizada, que nos impide llevar la vida que deseamos.
La crisis sanitaria, social y económica causada por la pandemia mundial de COVID-19 ofrece una buena oportunidad para aprender ciertas lecciones en relación al diseño y ejecución de políticas públicas que son también ineludibles en la gestión de los recursos hídricos y en los esfuerzos, a través de ella, de adaptación y mitigación del cambio climático.
No pretendo ser exhaustivo, pero parece esencial enfatizar sobre la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia científica, algo que incluye, entre otras muchas cosas, reforzar nuestra capacidad para generar información relevante y verificable. Es importante también reconocer que lo global es local, que la seguridad hídrica, como la sanitaria, no es una cuestión local; que lo que le ocurre al otro, a todo aquel que no es uno mismo, nos concierne. La crisis de la COVID-19, y también la crisis climática y del agua, más o menos latentes en función del lugar del mundo donde habite, son al tiempo la crisis del estado-nación y una llamada desesperada a encontrar soluciones supranacionales; como dice Francesc Trillas, Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona: “una mayor federalización de recursos, competencias, datos y marcos mentales”. (Aunque hoy resulte contracultural decirlo, el proyecto de construcción de la Unión Europea es uno de los procesos políticos más hermosos que nunca hemos visto). Es ya urgente, por otro lado, reconocer que éstos son desafíos que demandan acción colectiva, alineando intereses individuales y objetivos colectivos.
Dicen quienes saben de pandemias que para que se de una como la que vivimos estos días, incluso el más letal de los virus tendría que cumplir tres condiciones: ser uno que los seres humanos no hubiésemos enfrentado antes (de modo que no existan anticuerpos), que tenga capacidad para matar y que se contagie de modo sencillo. Muchas de esas características son comunes a la inseguridad hídrica y la emergencia climática.
Durante la pandemia de gripe A (H1N1/09), que nos amenazó entre enero de 2009 y agosto de 2010, Margaret Chan, entonces Directora General de la OMS, declaró: “Tenemos una falsa sensación de seguridad”. Pues eso.