Cristina Monge es politóloga, asesora ejecutiva de Ecodes, profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza y analista política.
Artículo original publicado en esglobal.
En los meses previos al estallido de la pandemia del COVID-19, fundamentalmente desde la toma de posesión de la Comisión Von Der Leyen, habíamos visto a una Unión Europea presta a retomar el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Tanto es así, que apenas 10 días después de haber tomado posesión, la presidenta de la Comisión acudió a la COP25 en Madrid para anunciar un European Green Deal, un Pacto verde europeo.
Con la pandemia que está asolando Europa y la inminente crisis económica que ya se extiende por el mundo, se impone lo que puede considerarse una reconstrucción, reconstitución o una renovación de los paradigmas políticos, sociales y económicos. Ojalá esta crisis ayude a hacer un diagnóstico certero de las fallas del sistema para poder renovar sus pilares superando esas carencias. Renovación que habrá de enmarcarse en una apuesta decidida y firme por la transición ecológica. Es más, el objetivo fundamental debería ser convertir al Pacto verde europeo en el marco para salir de la crisis, incorporando en él las lecciones que vamos obteniendo.
La preocupación por los temas ambientales ha ido creciendo en la Unión Europea en los últimos años. Los datos del Eurobarómetro de 2019 en esta materia son contundentes. El 93% de la ciudadanía de la UE considera que el cambio climático es un problema grave y el 79%, que es muy grave. El 92% de los encuestados cree que es importante que el gobierno de su país fije objetivos ambiciosos para aumentar las energías renovables, y el 89% considera que deberían prestar apoyo para mejorar la eficiencia energética. En línea con lo anterior, el 84% cree que debe prestarse más apoyo financiero público a la transición hacia las energías limpias y el 92% de los encuestados apoyan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al mínimo y compensar las emisiones restantes, para alcanzar la neutralidad en 2050. A esto hay que sumar la contundencia del mensaje de los más jóvenes, agrupados en iniciativas como Fridays For Future o Extinction Rebellion, que reivindican una acción política basada en el conocimiento científico.
En los momentos de crisis que están viviéndose conviene no olvidar estos datos. De momento, todo indica que está librándose una pugna para mantener este acuerdo verde entre las prioridades de la política europea. Los llamamientos de algunos Estados y grandes empresas para retrasar las medidas contempladas en la transición ecológica, o la relajación de los requisitos ambientales con el pretexto de “dinamizar la economía”, han hecho levantar todas las alarmas. De ahí que sean especialmente importantes movimientos como el dado el pasado 11 de abril, en pleno debate sobre la respuesta europea a la crisis, por los ministros de España, Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia, a los que más tarde su sumarían Grecia, Francia y Alemania. Los responsables de las políticas ambientales en estos Estados pedían en esta carta a la Comisión que el Pacto Verde orientara la salida de la crisis. Unos días después se anunciaba la creación de la Alianza europea para una recuperación verde de la que formaban parte en su nacimiento 180 representantes políticos, directivos empresariales, sindicatos y ONG para pedir a la UE que supere esta recesión de la mano de la lucha contra el cambio climático.
¿Por qué el Pacto verde europeo debe ser la salida de la crisis?
Según puede leerse en la web de la comisión, “el cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde: hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico está disociado del uso de recursos y no haya personas ni lugares que se queden atrás”.
Esta hoja de ruta que supone el Pacto Verde Europeo hace un recorrido por buena parte del conjunto de la economía a través de los siguientes epígrafes: “Energía limpia”, “Industria sostenible”, “Construir y renovar”, “Movilidad sostenible”, “Biodiversidad”, “De la granja a la mesa” y “Eliminar la contaminación”. Para llevarlo a cabo, elabora una propuesta de inversiones y de instrumentos de financiación, dentro del marco para una transición justa e inclusiva.
De los objetivos que se plantean, probablemente al que se le ha dado mayor difusión hasta el momento ha sido al energético. La UE se propone ser climáticamente neutra en 2050, algo que se concreta en la propuesta de Ley del clima, cuyo borrador se ha conocido recientemente.
Por otro lado, el Pacto Verde contempla también apoyo financiero y asistencia técnica para ayudar a las personas, las empresas y las regiones más afectadas por la transición hacia la economía verde. Para ello ha puesto en marcha el llamado Mecanismo para una Transición Justa, que contribuirá a movilizar 100.000 millones de euros, como mínimo, durante el período entre 2021 y 2027.
El Pacto contempla también la adopción de un nuevo plan de adaptación al cambio climático que active inversiones públicas y privadas, dando especial papel a las soluciones basadas en la naturaleza. Se plantea así mismo incrementar los esfuerzos para que inversores, aseguradoras, ciudades y ciudadanía pueden acceder a la información y los datos para desarrollar instrumentos que permitan integrar el riesgo climático en sus prácticas.
Conceptualmente uno de los aspectos más interesantes del plan es la constatación de la interconexión entre objetivos económicos, sociales y ambientales. De ahí que el Pacto verde apueste por actuar en todos los niveles políticos mediante herramientas diferentes que incorporan la regulación, la estandarización, la inversión, la innovación, reformas en los Estados miembro, diálogo con los agentes sociales y cooperación internacional, entre otros. Todo ello en el marco del pilar de derechos sociales asegurando que nadie queda atrás, y trabajando con los Estados miembro para alinear los esfuerzos de la UE con la legislación y políticas nacionales de forma que se asegure una efectiva implementación de las medidas, según se afirma en la comunicación de la Comisión.
Como puede verse, el Pacto Verde europeo es un instrumento de movilización de recursos para una reconstrucción, reconstitución o renovación del modelo económico en aras de hacerlo más resiliente y sostenible. ¿No es esto, acaso, lo que se necesita para encarar esta crisis sin precedentes?
Fortalecer el Pacto Verde Europeo para hacerlo más eficaz
Muchos de los asuntos que aborda el Pacto quedan pendientes de desarrollo en posteriores planes, cuyo conocimiento está empezando a generar ya algunas críticas, que se añaden a otras de carácter conceptual y estratégico. Dado el carácter estratégico del Plan y la importancia que puede tener para dibujar el marco con el que afrontar la inminente crisis a la que estamos abocados, es necesario profundizar en las críticas con objeto de que la discusión ayude a hacer del Pacto Verde un escenario sólido.
No obstante, antes de esto, conviene recordar una de las principales debilidades con que nace este pacto y que comparte con otras políticas europeas, la carencia de un presupuesto adecuado. Expertos como Javier García Breva señalan que la implementación del Pacto verde europeo “necesita una inversión de 260.000 millones de euros anuales, el 1,5% del PIB europeo”. Como es conocido, el marco presupuestario de la UE 2021-2027 está en discusión, y Estados centrales como Alemania o Países Bajos mantienen políticas restrictivas para no superar el 1%. Si a esto se une la dificultad para armonizar la fiscalidad ambiental, el resultado es la dificultad para contar con un presupuesto que haga posible un Pacto verde con la ambición necesaria.
Si esto era así hasta final de febrero, cabe preguntarse cómo discurrirá el debate y qué conclusiones arrojará ante la nueva situación de crisis sanitaria y económica creada por el coronavirus. Una apuesta ambiciosa y estratégica del Pacto verde debe pasar por fortalecer los instrumentos necesarios, presupuesto incluido, para hacer de éste el marco de recuperación económica y del cambio de modelo necesario para paliar los fallos sistémicos que han emergido a las claras con la pandemia.
Situado el marco del debate, es importante abordar las críticas conceptuales, relacionadas con la ambición del Pacto y la compatibilidad entre crecimiento y desarrollo, así como aquellas que señalan aspectos de la concreción sobre qué energías se consideran renovables, la reducción de las emisiones y el modelo de gobernanza.
¿Basta con tener más ambición?
Desde la Comisión Europea (CE) se afirma con contundencia que la apuesta por la sostenibilidad es la más ambiciosa de las planteadas hasta el momento. Daniel Calleja, Director General de medio ambiente de la Comisión, lo describe así: “En la CE, nuestra ambición ambiental nunca ha sido tan alta. No obstante, no podemos cumplir esta agenda únicamente por nuestra cuenta. El objetivo de este acuerdo es realizar con éxito esa transición económica, ecológica y social. Lograr un cambio de esta naturaleza, requiere movilizar y contar con una amplia participación y el apoyo de la sociedad civil, los gobiernos y los ciudadanos de toda la Unión, a través de un Pacto por el Clima que movilice a todos en torno a ese gran objetivo compartido”.
Sin embargo, otras visiones se muestran más críticas. Si bien todos los sectores que se han posicionado coinciden en señalar el incremento de ambición respecto a políticas anteriores, desde el ecologismo social y político se prefiere ser más cauto y se recuerda la importancia de basar el Pacto en el conocimiento científico. Por ejemplo, Ska Keller, presidente de los verdes europeos, llama a fijar la atención en cuatro criterios para poder valorar el acuerdo: su eficacia para incrementar el calentamiento global a 1,5ºC, su contribución a la disminución de la desigualdad social, su capacidad para sustituir el modelo neoliberal por uno de desarrollo sostenible y su capacidad por poner las finanzas al servicio de la sociedad. El exeurodiputado de EQUO y observador de Los Verdes, Florent Marcellesi, se muestra más crítico desde su concepción, y cree que las metas “son insuficientes”. Para cumplir con el acuerdo de París “habría que llegar al 65% de reducción de emisiones de CO2 para 2030”, frente al máximo del 55% previsto y “la neutralidad climática tendría que llegar en 2040”, no una década después, como propone el documento de Bruselas.
En la misma línea se posiciona Greenpeace, que también denuncia que los objetivos previstos en el Pacto no están alienados con lo que la ciencia demanda, y propone un nuevo objetivo para 2030 en línea con lo que la comunidad científica está denunciando. Además, recuerda una máxima que cada día cobra mayor importancia: con la naturaleza no se negocia.
¿Son compatibles crecimiento y sostenibilidad? En el debate sobre el Pacto reaparece con fuerza, como era de esperar, la clásica discusión sobre la posibilidad de compatibilizar crecimiento con mejora de indicadores ambientales, para pasar a continuación a la discusión sobre la relación entre desarrollo y crecimiento. En su documento la Comisión define el Pacto Verde como “una nueva estrategia de crecimiento”. Las críticas no se han hecho esperar. Desde Greenpeace se ha señalado la contradicción de esta afirmación con lo advertido poco antes por la Agencia Europea de Medio Ambiente, quien veía incompatible la búsqueda de crecimiento con la protección ambiental. Frente a esto, la organización ecologista, tras negar la posibilidad de desacoplar el crecimiento económico del deterioro ambiental, reclama medidas de decrecimiento.
A la luz de las enseñanzas que los últimos acontecimientos sobre el coronavirus están dejando parece inaplazable el debate sobre cómo medimos el desarrollo, que no es otro sino la noción de desarrollo y bienestar.
¿Seguir financiando el gas y la energía nuclear? A menudo el diablo está en los detalles, y en este caso los detalles no son pequeños. El Pacto Verde no dice nada al respecto de la taxonomía, es decir, la definición de qué inversiones se consideran verdes y cuáles no. Este aspecto, para nada menor, fue objeto de preacuerdo por los Estados miembro días después de presentarse el Pacto Verde. En él, se deja la puerta abierta para que la energía nuclear y el gas natural puedan catalogarse como sostenibles, lo que supone que podrán acceder a fondos europeos y del Banco europeo de inversiones, así como a fondos nacionales, en detrimento de las inversiones en renovables y eficiencia energética.
Según denuncia la Plataforma por una Transición ecológica justa, esta decisión contradice los objetivos que anunció la ONU en la COP 25 de eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, es contraria a lo que plantea el panel de investigadores del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que propone reducir el uso de gas en un 15% en 2030 y un 43% en 2050, y es incompatible con el propio anuncio del BEI de no financiar proyectos de combustibles fósiles, además de con las directivas europeas del “paquete de invierno”, que en ningún caso citan a la nuclear o el gas como fuentes de respaldo a las renovables. Todo esto lleva a la Plataforma por una Transición ecológica justa a solicitar que “la taxonomía del Pacto Verde Europeo excluya la energía nuclear y el gas natural como energías verdes” de forma explícita y clara.
¿Una Ley del clima que no acelera la reducción de emisiones? La Ley del clima, cuyo borrador se conoció a principios de marzo, es el reglamento con el que la UE convertirá en vinculante su objetivo para que Europa sea climáticamente neutra en el 2050. Esto significa que a partir de esta fecha las emisiones de gases de efecto invernadero que no se hayan podido reducir habrán de ser compensadas, capturadas o neutralizadas mediante sumideros.
La propuesta, en el momento que se conoció, fue considerada poco ambiciosa por algunos países –España, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia–, así como por entidades de la sociedad civil como el European Environmental Bureau o la Climate Action Network Europe, que han mostrado sus discrepancias en esta carta al Comisario Simson y al Director General Jorgensen. Las críticas señalan la carencia de un aspecto fundamental, la fijación del objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030, quedando aplazada esta decisión para septiembre. La posibilidad, por tanto, de incrementar la disminución hasta llegar al 50% o 55% sigue en el aire, peligrando así la posibilidad de poder presentar el nuevo compromiso a la cumbre del clima de Glasgow en noviembre de 2020. Por otro lado, las ONG hacen más hincapié en la necesidad de plantear escenarios ambiciosos que permitan cumplir con el objetivo de cero emisiones en 2050 y con el acuerdo de París sin que la temperatura suba más de 1,5ºC.
¿Qué modelo de gobernanza? Como viene señalándose desde distintos ámbitos, una transición del calado que propone el Green Deal requiere un nuevo modelo de gobernanza capaz de articular a todos los agentes políticos, sociales y económicos de todos los niveles. Teniendo en cuenta que hoy se dispone de tecnología, conocimiento e instrumentos financieros suficientes para hacer la transición, el gran reto que se plantea es el de la gobernanza. Qué modelo de gobernanza, qué actores, con qué metodologías y en qué tipo de procesos para tomar qué decisiones.
En su texto el Pacto verde alude a la necesidad de involucrar a la ciudadanía mediante iniciativas como los diálogos ciudadanos impulsados por la Comisión en otros asuntos. Además, se prevén espacios tanto físicos como virtuales para poner en común y debatir iniciativas ambiciosas, tanto a nivel individual como colectivo, a semejanza de las asambleas ciudadanas por el clima que están desarrollándose en distintos Estados miembro. A esto se unen programas de formación e información que hagan posible la participación.
Siendo estos planteamientos interesantes, nada se afirma sobre de qué manera el contenido y los trabajos elaborados en estos procesos serán reflejados después en el Pacto. Entre otros, la promoción de foros de cocreación entre actores diferentes que, desde una visión interdisciplinar e intersectorial, afronten retos comunes aunando las distintas perspectivas tanto disciplinares como sectoriales.
Por otro lado, existen actores clave, como las ciudades, o la academia, cuyo rol tampoco se encuentra especificado, cuando de ellas depende buena parte de la solución. Iniciativas como las misiones impulsadas por la economista Mariana Mazzucato podrían ser un modelo para impulsar este proceso trascendental.
En definitiva, el Pacto verde europeo, nacido de la voluntad de liderar la transición ecológica desde los criterios de justicia social, tiene una oportunidad para incorporar las lecciones que la pandemia nos está dejando y plantear respuestas estratégicas que contribuyan al cambio de modelo político, económico y social que hoy más que nunca, tras esta crisis, es inaplazable. Tensiones políticas, dentro y fuera de la UE habrá muchas. Es en estos momentos en los que se demuestra la consistencia y la firmeza de las convicciones.
