Desde junio de 2021, se ha iniciado una escalada constante de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, que ha estado muy presente tanto en los medios de comunicación como en el debate político y social. Esto ha generado una lluvia de términos, cantidades y proyecciones no siempre fáciles de entender para el consumidor, que busca cambiar sus hábitos para evitar el incremento de su factura.
Con el objetivo de facilitar la comprensión de este fenómeno, hacemos un repaso de cómo se ha producido el aumento en la tarifa de la luz, la batería de medidas tomadas por el Gobierno y las principales repercusiones de esta subida, sin olvidar cómo el debate se traslada a Europa.
¿Cómo han cambiado los precios?
La subida del precio de la electricidad ha sido tal que se ha pasado de los 65,94 €/MWh de media mensual en mayo a los 204,09 €/MWh en octubre, según datos provisionales. El Gobierno no puede alterar el mercado mayorista de la electricidad a corto plazo y sin un acuerdo en el marco de la Unión Europea por lo que ha puesto en marcha tres paquetes de medidas de urgencia. Entre ellas se incluyen: la reducción del IVA, suprimir el impuesto sobre la venta de producción de energía eléctrica o la protección de los consumidores vulnerables.
No obstante, no se ha frenado totalmente la tendencia por lo que el debate se ha trasladado hasta Europa. España propuso a Bruselas salir del actual sistema de precios de la luz, pero casi una decena de países miembro han mostrado su negativa a reformar el mercado eléctrico. A esta situación se une, además, el incremento del precio del gas natural y a la tensión en el norte de África, después de que Argelia cerrara el gaseoducto Magreb-Europa (GME) que transporta gas natural hasta España.
Un momento clave para la transición energética
Este escenario nos enseña que la transición energética no se construye solo con la ambición de los objetivos y las grandes estrategias, sino en cada política y en cada actuación. Son necesarias transformaciones complejas e instrumentos resilientes para activar políticas que promuevan la eficiencia energética, proteger a la población vulnerable o promover comunidades energéticas y el autoconsumo, entre otras.
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